Reforma al seguro de cesantía mantendría privilegios de los empresarios

24 Diciembre 2014
A pesar de que fue bien valorada la modificación a la ley que amortigua la situación de desempleo, se continúa cuestionando los aportes retirados por las empresas de las cuentas individuales de los trabajadores para el seguro de cesantía cuando estos son despedidos.
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Desde que la presidenta Michelle Bachelet firmó, el pasado 15 de diciembre, la indicación sustitutiva al Proyecto de Ley que fortalece el seguro de cesantía han surgido diversas observaciones, a esta iniciativa que se suma de forma amplia a la agenda laboral.

Para la ocasión, la Mandataria señaló los principales ejes del proyecto y agregó que cuando el seguro de cesantía es eficaz, tiene un rol estabilizador, ya que permitiría acumular recursos en la fase de crecimiento y la continuidad de los flujos de mercado, demanda de bienes y servicios, cuando alguien pierde su empleo.

“Por eso es que queremos reforzarlo, aumentar sus beneficios y acceso a las prestaciones y al mismo tiempo potenciar su efectividad para apoyar a los trabajadores en la búsqueda de un nuevo empleo, todo esto sin comprometer su viabilidad financiera”.

A noviembre de este año, los recursos del Fondo Solidario superan los 2.400 millones de dólares, mientras que las cuentas individuales de los trabajadores llegan a los 5.600 millones de la divisa estadounidense.

Una de las propuestas más importantes son los cambios a la tasa de reemplazo para quienes queden desempleados que, del primer al quinto mes, iría de un 70 al 35 por ciento respecto del salario de los últimos 12 meses. En la actualidad este porcentaje oscila solo entre un 50 y 30 por ciento.

Si bien el investigador de la Fundación Sol, el economista Marco Kremerman, valoró la iniciativa, señaló que aún estamos muy atrás de países con un mayor nivel de desarrollo, en relación a que los niveles de pago son más altos según las últimas remuneraciones.

“Se va extinguiendo, partes con un 70 por ciento el primer mes, pero después se baja rápidamente hasta llegar a un 50 hasta llegar a cerca de un 30 o 20 por ciento de la remuneración y, lo otro, es que pueden durar un tiempo más amplio que eso, que es 7 meses. Entonces todavía tenemos un seguro de cesantía de una sociedad de ingreso medio, medio bajo y tenemos que acercarnos a un instituto laboral mucho más sólido, mucho más robusto”.

Dentro de las opiniones también surge la del director del Instituto de Economía de la Universidad Católica (UC), Claudio Sapelli, quien está a cargo de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía. El economista cree que debido a la acumulación de fondo,s podría ser el momento de pensar que el seguro se pueda fusionar a las Indemnizaciones por Años de Servicio (IAS).

Esta visión genera roces entre el mundo sindical y empresarial. Guillermo Salinas, representante de la Central Unitaria de Trabajadores de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, manifestó que la medida sería absolutamente neoliberal y que, por años, el gremio ha luchado por que los aportes que hacen los empresarios a la cuenta de capitalización individual de 1,6 por ciento, no sea retirado cuando el trabajador es desvinculado.

“Lo que ocurre hoy día es que ese 1,6 que pone el empleador en la cuenta individual después lo recupera, descontándoselo de la indemnización de los años de servicio de los trabajadores y eso no lo compartimos porque, en realidad, el viejo sueño del sector empresarial, de los sectores más neoliberales, es que pretenden hacer desaparecer la Indemnización por Años de Servicio. Esperábamos que en este proyecto se hubiera resuelto y no se resolvió. Aún queda pendiente una reforma que permita “sanear” algo que es bastante mentiroso porque, por un lado, el empleador pone en la cuenta individual, pero al final del día cuando el trabajador es despedido…lo recupera”.

El próximo año el Ministerio del Trabajo enviará un nuevo proyecto para crear un fondo tripartito, mientras que la discusión de las indicaciones del Ejecutivo, se retomarán en enero. La iniciativa ya fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados quedando en condiciones de ser analizada por la sala de la corporación.